Empoderando Comunidades y Avanzando por una Transición Justa: Nuestra Herencia Hispana

Climate Policy Lab 25 de septiembre de 2023

Por Marcia Moreno-Báez

Cuando me invitaron a escribir para celebrar la Herencia Hispana - "The Hispanic Heritage" - me debatía sobre cómo expresar mis sentimientos hacia la celebración de la cultura hispana, sus tradiciones y sus valiosos recursos naturales y humanos. Finalmente, decidí aprovechar esta oportunidad para abordar el futuro de nuestras comunidades en México y América Latina en el contexto del desafío actual de la sustentabilidad y el cambio climático, coincidiendo con la celebración de la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (Sustainable Development Goals) en la ciudad de Nueva York. Actualmente, nos encontramos ante un panorama repleto de nuevos desafíos, como la reducción de la pobreza, la resiliencia de nuestras comunidades y, sobre todo, un compromiso con una transición justa. En este proceso, la búsqueda de la equidad y la reducción de los impactos adversos vinculados con la extracción de recursos vitales son componentes integrales de nuestra transición hacia las energías renovables.

Las energías limpias desempeñan un papel crucial en la lucha contra el cambio climático (Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 - Acción por el Clima), ya que son esenciales en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, la transición a fuentes de energía renovable conlleva a la producción de tecnologías como paneles solares, turbinas de viento, baterías, entre otros, que dependen de la extracción de minerales y metales como el litio, cobalto, cobre y otros elementos escasos. Las operaciones mineras necesarias para lograr el acceso a estos minerales a menudo resultan en la destrucción de hábitats, la disposición de residuos mineros, la erosión del suelo, la contaminación y cambios significativos en el uso de la tierra. Esto puede generar conflictos sociales actuando como agentes disruptivos que agravan aún más los desafíos enfrentados por las comunidades afectadas.

Este tema tiene un significado especial para mí, ya que provengo de una familia con profundas raíces en la minería. Mi abuelo materno, junto con varios tíos y, en la actualidad, mis primos, han participado activamente en este sector, representando una herencia familiar. De manera similar, esta herencia es compartida por muchas personas en América Latina. Uno de los principales problemas que surgen de la minería en relación con la equidad y la justicia ambiental es la distribución desigual de los impactos en las comunidades y los beneficios económicos que a menudo favorecen a las grandes corporaciones. En consecuencia, algunos de los obstáculos que se encuentran al buscar remedios legales y justicia por daños a la salud, el medio ambiente o el bienestar social es la falta de capital para respaldar tales procesos.

Minería en América Latina: Un Vistazo a su impacto en clima, economía y sociedad

América Latina y el Caribe desempeña un papel esencial en el suministro de minerales clave para la descarbonización, debido a las diversas y abundantes reservas de minerales de alta calidad. Esto incluye minerales como cobre, litio, zinc, níquel, hierro, manganeso, oro, plata, y otras “tierras raras” que son fundamentales para la transición energética actual. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), aproximadamente el 4% del consumo total de energía en el mundo se puede atribuir al sector minero. Así, en la última década se han lanzado numerosos proyectos de energía renovable para la minería, ejemplificados por iniciativas en países como en Estados Unidos y Suecia. Se proyecta que este crecimiento continúe por la disminución de los costos de energía renovable y un creciente enfoque en la descarbonización, lo que llevará a un aumento casi tres veces mayor en la capacidad global para 2027 (IEA).

Cuando consideramos el aumento de la capacidad minera a nivel global, nos encontramos en un punto crítico en el que resulta indispensable implementar mejores prácticas para minimizar el impacto de esta actividad. Además de esto, es fundamental abordar aspectos como la responsabilidad corporativa social; la adopción de certificaciones estándar; evaluaciones de impacto ambiental más rigurosas; avances tecnológicos; y una mayor participación de las comunidades en las actividades extractivas y en la toma de decisiones relacionadas con la minería.  A pesar de que la industria minera continúa evolucionando en términos de innovación y adaptación a los nuevos desafíos ambientales, persisten regiones donde las regulaciones y su aplicación pueden ser menos estrictas y esto incita a que se evadan responsabilidades.

Minería en México: Lecciones del pasado

Existen varios ejemplos para describir las lecciones que la minería en México nos ha dejado. Sin embargo, me enfocaré en la mina de Cananea, Sonora, de donde provienen mis raíces y la cual continúa operando a la fecha.

Cuando observo fotos antiguas de la mina de Cananea, y de la ciudad en sí, reflexiono sobre el impacto de esta industria. Hace un siglo, las minas tenían una vida útil de unos cien años, y las empresas invertían en escuelas y otras infraestructuras locales.  Sin embargo, hoy en día, Cananea enfrenta una situación compleja y arraigada en su historia. Los conflictos en la región se remontan a 1899, cuando comenzó la explotación de cobre por The Cananea Consolidated Copper Company. En 1906, más de 2 mil mineros mexicanos iniciaron una huelga histórica contra los propietarios estadounidenses de la compañía, un hito que dio pauta a la Revolución Mexicana.

Debido a la automatización y tecnología avanzada, las minas hoy suelen tener una vida útil que oscila entre 10 y 30 años, y en algunos casos hasta 70 años. Como consecuencia, los trabajadores altamente especializados llegan y se van de la comunidad a medida que las operaciones mineras concluyen, lo que resulta en una disminución de las oportunidades laborales locales. Esta situación se evidenció de manera notable en Cananea cuando Grupo México en 1985, adquirió la mina Buenavista del Cobre del gobierno de México. En 2007, se produjo una huelga laboral en la que los trabajadores exigieron mejores condiciones de trabajo y seguridad, expresando igualmente preocupaciones ambientales y de salud relacionadas con las actividades mineras. Esta huelga generó desacuerdos con el sindicato de trabajadores y en 2009, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje terminó la relación laboral con el sindicato, decisión respaldada por la Suprema Corte de Justicia. Grupo México respondió subcontratando personal de fuera de la región, afectando la economía local y alternado del tejido social.

Explorando oportunidades para una transición justa en América Latina

México se destaca como el noveno mayor poseedor de reservas identificadas de litio en todo el mundo, con aproximadamente 1.7 millones de toneladas, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos  (USGS por sus siglas en ingles). Un desarrollo importante relacionado con estos recursos disponibles es el "Proyecto Litio Sonora", anunciado en 2021 como resultado de la nacionalización del litio en México. Este proyecto dio origen a la empresa nacional Litio de México (LitioMx), encargada de la exploración, explotación y refinación del litio en el país. Además, LitoMx supervisa las cadenas de valor económico asociadas a este mineral.

¿Cómo podemos asegurarnos de que los proyectos mineros que buscan promover la producción de energías renovables integren también procesos participativos respaldados por iniciativas para una transición justa? Para lograr esto, es fundamental definir qué entendemos por justicia. Mientras algunas definiciones abogan por la justicia como equidad, en la que las instituciones sociales y políticas deben distribuir recursos y beneficios de manera justa, también existe la justicia entendida como el cumplimiento de las leyes, lo que implica que las personas deben ser tratadas de acuerdo con la ley. Todas estas definiciones convergen en el concepto de equilibrio, donde los derechos y responsabilidades, así como los costos y beneficios, buscan asegurar igualdad de oportunidades y un trato justo para todas y todos los miembros de nuestras comunidades. En el contexto de la minería para la energía renovable, la justicia puede definirse como encontrar ese punto de equilibrio que promueva la equidad, la cohesión social, la estabilidad económica, la sostenibilidad ambiental, la viabilidad y la aceptación política.

Para facilitar la incorporación efectiva de elementos de equidad y justicia ambiental en la industria minera, es fundamental identificar a las partes interesadas, así como llevar a cabo un análisis exhaustivo de las actividades económicas y de subsistencia, teniendo en cuenta aspectos sociales, culturales y ambientales. Igualmente, es importante fomentar la participación pública y las consultas, permitiendo que las comunidades locales y otros grupos de interés expresen sus preocupaciones y expectativas. El proceso de desarrollar indicadores y metas para evaluar tanto los beneficios como los impactos negativos, y definir cuál sería un equilibrio aceptable, es fundamental para establecer una base sólida en la creación de un plan de mitigación de la contaminación, así como para respaldar el aporte a los recursos del gobierno local y el bienestar de la comunidad. Además, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones, la gestión de conflictos y la transparencia, es esencial definir un sistema de monitoreo riguroso. Igualmente, es importante ofrecer oportunidades de educación y capacitación comunitarias para promover la creación de empleos locales y fomentar la cooperación a nivel nacional y potencialmente internacional donde se compartan buenas prácticas en una transición equitativa y justa.

El éxito de estos proyectos en América Latina dependerá en gran medida de la disposición tanto de los gobiernos como de las empresas estatales para buscar un equilibrio entre derechos y obligaciones, costos y beneficios, así como impactos positivos y negativos. En una visión amplia para la transición justa es necesario prever políticas, estrategias y un proceso de planificación en el que todas las partes interesadas plasmen sus necesidades para proteger los derechos humanos. Si esta mina desaparece en 30 años, queremos seguir viendo una comunidad vibrante, una tierra fértil, y los paisajes hermosos de Sonora que tanto me gustan. Creo que en América Latina no solo tenemos la capacidad de hacerlo, sino también la oportunidad de participar activamente en la transición que todas y todos necesitamos para contribuir a este esfuerzo colectivo de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un elemento ineludible para el Estado mexicano y las autoridades que tiene la obligación de proteger.

Marcia Moreno-Báez es profesor investigador en The Fletcher School en la Universidad de Tufts